“Ni la distancia es ausencia, ni el silencio olvido”
KPSV

Por: Adrián Arévalo

¿A qué nos enfrentamos con la #LeydeSeguridad Interior?

Sería un poco reiterativo al abrir estas líneas con datos de inseguridad en el país durante los últimos años, la violencia sino nos alcanzó, ya a nosotros de facto, seguro a algún familiar o amigo cercano. Nos rodea, es un hecho.

Últimamente se ha visto al Ejecutivo Federal muy cerca de las Fuerzas Armadas, sin incomodidad, cuádrandose con el Comandante Supremo.

Es innegable que en el ejército hay entusiasmo por participar más en los intereses del Ejecutivo Federal, hoy tan alejado de su gente. Ahí apuntan a servir las Fuerzas Armadas.

Con la apertura comercial de los combustibles en México y una posible renegociación del TLC, los Gobiernos y las grandes trasnacionales que los representan, exigen seguridad para sus intereses personales y, las fuerzas federales, parecen no darse abasto para contener los diversos fenómenos delictivos del país. Grandes capitales exigen grandes condiciones.

Casos en que el ejército ha atentado contra su gente hemos tenido varios en nuestra historia reciente y podemos comenzar en los albores del siglo pasado, donde un primero de junio de 1906, inició la huelga de los trabajadores mineros de la “Cananea Consolidated Copper Company”, quienes pedían entre otras cosas, jornadas de 8 horas de trabajo, un salario mínimo de 5 pesos diarios y “poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación”, ¿el resultado? Comandos traídos por las mineras extranjeras y el propio gobernador del estado para apaciguar el movimiento consiguieron un furgón de ferrocarril lleno de armas que venían desde Estados Unidos.

Al principio solo buscaban calmar a los obreros, pero en cuanto alguien intervenía como orador, era inmediatamente arrestado.​

El 5 de junio detuvieron a los organizadores del movimiento y fueron sentenciados a 15 años de prisión y trabajos forzados, hasta el año de 1911 que fueron excarcelados por el Presidente Madero.

La matanza dejó un saldo de 23 obreros muertos y 25 heridos, según la versión oficial.

Años más tarde, en 1960 en el Estado de Guerrero, más de 20 estudiantes, pertenecientes al “Movimiento estudiantil-popular de 1960 en Chilpancingo” que intentaban el derrocar al general Raúl Caballero Aburto (y que era respaldado por numerosos sectores sociales de la ciudad y el estado), finalmente un 30 de diciembre, la masacre de 20 personas a manos del ejército culminaría con el movimiento estudiantil. Finalmente el Gobernador cayó 5 días después.

Dos de octubre de 1968, no se olvida.

El “Halconazo”, tampoco.

Y la lista sigue, en 1995 con la a Masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado cometido por la policía Estatal de Guerrero, orquestada por el Gobernador en turno, Rubén Figueroa Alcocer. Agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior, lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos.

En 2014, un 30 de junio, ocho militares mataron a sangre fría a 22 civiles, entre ellos dos adolescentes, que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas.

Más lo que pueda estar pasando ahora mismo, ya que solo que andemos desvelados no nos daríamos cuenta de que el ejército lleva operando de esta forma desde hace ya 10 años, sin legislación alguna al respecto.

Más lo que nunca sabremos, más lo que pueda pasar de aprobarse dicho dictamen de #LeydeSeguridadInterior.

Algunos de los temas de los que cuenta esta Ley y que ha desatado toda esa polémica, el el de secrecía de la información, que al calce dice:

“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables”.

Es decir que los civiles seremos impedidos de saber el por qué el ejército interviene en la seguridad interior del país y si nos enteramos, no estaremos autorizados a conocer los informes finales.

Es decir, los ciudadanos no podremos conocer los motivos que justifiquen la intervención del Ejército en actividades de seguridad interior, así como los detalles de sus resultados.

Y sin duda, lo que más ha desconcertado a diversos sectores sociales es que la actividad del ejército en asuntos de seguridad interior puede ser permanente y no ocasional como parece funcionar hoy además con periodos de duración que los mandos crean convenientes, lo que afecta de ya los derecho de los civiles.

Dice así: “corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior”. Ejecutándose “previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, la cual podrá ser dictaminada por presidente de la República, si a su criterio ve alguna condición de violencia, seguridad o riesgo para el país que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes”.

Podremos mencionar también el espionaje del que podríamos ser objeto al dar facultades a la autoridad que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”.

La ley define a la seguridad interior como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones”.

Esta condición, según se lee en el artículo 2 de la norma, mantiene el orden constitucional, la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. Como esta ley no menciona ningún otro detalle al respecto, podría interpretarse que estos conceptos estarán a cargo de las Fuerzas Armadas si estas consideran que hay riesgos en materia de seguridad interior.

Todos los ciudadanos podemos consultar dicha ley y mucho debate habrá al respecto.
Porque también es cierto El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción. Veremos.

La pelota está en la cancha de los senadores con un pase lanzado de la Cámara de Diputados.
El pueblo es el comandante supremo. hemos visto al ejército y marina trabajar con el pueblo y para el pueblo, pero lamentablemente solo en tiempos de desgracia.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, sabe que el ejército se debe al pueblo y viceversa por eso queremos ver su nombre en el gran muro de la historia

“Por eso, el gran muro de honor de la historia no distingue otra virtud, no separa inteligentes de lerdos, ni valientes de medrosos, ni siquiera los buenos de los perversos, tan solo distingue a los leales de los traidores”. (Usted lo dijo General).

Ya lo dijo el gran Simón Bolívar que “Ejército que vuelve las armas contra su pueblo, es un Ejército traidor”.
General Cienfuegos, desde aquí recordamos y abrazamos aquella frase que dijo durante la ceremonia por el CII aniversario de la creación del Ejército, un 22 de febrero de 2015.

“Anhelamos mejores condiciones de vida, de progreso, de seguridad y desarrollo. Hay quienes quieren distanciarnos del pueblo ¡Imposible! Somos uno y lo mismo, basta ver el rostro la piel y el pensamiento y el corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, somos México, igual que el resto de la Patria”.

Así sea.
Estaremos pendientes.
@adrian_arevalo